Refugios y rescatistas: ¿qué obligaciones tiene el gobierno?
Todos los días, personas y organizaciones rescatan, alimentan, esterilizan y buscan hogar para animales abandonados.
Pero hay una pregunta que también es política: ¿hasta dónde debe llegar la solidaridad ciudadana y dónde comienza la responsabilidad del gobierno?
Colaborar no significa sustituir al gobierno
¿Qué pasa cuando la sociedad civil termina haciendo el trabajo que esperamos de las autoridades?
Un perro es abandonado.
Una persona lo encuentra, lo lleva al veterinario, paga medicamentos, lo esteriliza, lo alimenta y empieza a buscarle hogar.
Esa historia se repite en muchas comunidades.
Y entonces es razonable preguntar: ¿todo eso depende de que aparezca una persona dispuesta a ayudar?
Pero una política pública no puede construirse sobre la idea de que siempre habrá alguien dispuesto a pagar de su bolsillo lo que el problema colectivo necesita.
El gobierno tiene obligaciones, pero no todas consisten en financiar refugios privados
El Estado mexicano tiene un mandato constitucional de protección, trato adecuado, conservación y cuidado de los animales.
Federación, estados y municipios no hacen exactamente lo mismo.
Pero colaborar con refugios y rescatistas no significa que éstos sustituyan automáticamente a la autoridad.
Para saber si existe apoyo, convenio, subsidio u obligación específica, hay que revisar la legislación y los programas de la entidad o municipio correspondiente.
La protección animal ya no depende solamente de la buena voluntad de una autoridad
Artículo 4º constitucional
Prohíbe el maltrato a los animales y establece que el Estado mexicano debe garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado, en los términos que señalen las leyes.
La reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024 cambió el punto desde el cual debemos analizar la protección animal.
Ya no estamos hablando solamente de una actividad que una autoridad puede considerar conveniente.
Existe un mandato constitucional expreso para el Estado mexicano.
Después, las leyes determinan cómo se distribuyen las competencias y qué autoridad debe intervenir en cada caso.
Lo que hace es dejar claro que el gobierno también tiene responsabilidades propias en protección animal.
Un refugio privado no es lo mismo que un centro público de atención o control animal
Refugio o asociación
Puede ser una organización, asociación o iniciativa particular dedicada al rescate, resguardo, rehabilitación y adopción de animales.
Sus obligaciones dependerán de su figura jurídica y de las normas locales aplicables.
Servicio o centro público
Forma parte de una estructura gubernamental y ejerce las atribuciones que le asignan las leyes, reglamentos y programas públicos.
Opera con responsabilidades, procedimientos y recursos públicos.
Que un refugio privado realice rescates no convierte automáticamente esa actividad en sustitución jurídica de una autoridad.
La protección animal es mucho más que entregar dinero a un refugio
Establecer y aplicar reglas de trato digno y respetuoso, dentro de las competencias correspondientes.
La legislación federal contempla acciones públicas como esterilización gratuita “en la medida de lo posible”.
La LGEEPA también promueve el establecimiento de clínicas veterinarias públicas para atención preventiva y tratamiento.
Las autoridades competentes deben contar con mecanismos para aplicar las normas y atender los asuntos que legalmente les correspondan.
También debemos preguntar qué está haciendo directamente el gobierno para prevenir que cada vez más animales necesiten ser rescatados.
¿Le toca al refugio, al rescatista o al gobierno?
Selecciona un caso para entender la diferencia.
¿El gobierno está obligado a financiar a los refugios?
No existe una conclusión general que permita decir que cualquier refugio privado, por el solo hecho de rescatar animales, tenga derecho automático a recibir recursos públicos.
Hay que revisar la legislación local, programas, convocatorias, presupuestos y convenios aplicables.
Una autoridad puede contar con programas, convenios, apoyos o esquemas de coordinación con organizaciones, si el marco jurídico y presupuestario lo permite.
En esos casos, también deben existir reglas, objetivos, comprobación y transparencia.
Una autoridad puede colaborar con organizaciones y, al mismo tiempo, debe mantener su propia capacidad para ejercer las funciones que legalmente le corresponden.
Una relación sana entre gobierno y rescatistas necesita papeles claros
Cumple sus competencias, diseña políticas, asigna recursos y responde por sus resultados.
Pueden aportar experiencia, rescate, resguardo, adopción y conocimiento de los problemas en territorio.
Si existen recursos públicos, debe poder saberse para qué se entregan, cómo se utilizan y qué resultados se obtienen.
Una política pública debería intentar que menos animales necesiten llegar a un refugio
La protección animal también debería trabajar sobre las causas que producen abandono, reproducción irresponsable y maltrato.
Cuatro preguntas para saber si el gobierno realmente tiene una política
Tres ideas que necesitan precisión
¿Cuál es la afirmación más precisa?
La protección animal también es una responsabilidad pública
Los refugios ayudan. Los rescatistas ayudan. Pero ayudar no convierte automáticamente una responsabilidad pública en una responsabilidad privada.
El Estado mexicano tiene obligaciones de protección animal.
Las autoridades deben ejercerlas de acuerdo con sus competencias y con las leyes aplicables.
Y la sociedad civil puede colaborar, sin que esa colaboración se convierta en una excusa para que el gobierno deje de hacer lo que le corresponde.