La división de poderes distribuye las funciones públicas entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial para crear límites, controles y evitar que una sola autoridad concentre todo el poder.
Poner el interés público por encima del interés personal significa decidir pensando en el bienestar colectivo, la legalidad y los derechos, aunque implique renunciar a una ventaja propia.
La Constitución es la norma fundamental de México. Reconoce derechos, organiza el poder público y establece límites que deben respetar todas las leyes y autoridades.
El federalismo es la forma de organización que distribuye facultades entre la Federación y las entidades federativas, reconoce funciones municipales y permite la coordinación entre autoridades.
El Estado de Derecho limita el poder, protege los derechos humanos y exige que autoridades, instituciones y ciudadanía actúen conforme a leyes públicas e iguales.
Una magistrada o magistrado integra un tribunal, revisa resoluciones, resuelve recursos y participa en decisiones colegiadas según la materia y el órgano donde trabaja.
Una ley es una norma obligatoria que reconoce derechos, establece obligaciones y limita al poder. Descubre quién puede promoverla y qué proceso debe seguir para entrar en vigor.
Una ministra o ministro integra la Suprema Corte, analiza la constitucionalidad de leyes y actos de autoridad, protege derechos y participa en las decisiones del Pleno.
La síndica o el síndico integra el Ayuntamiento, representa jurídicamente al municipio, participa en el Cabildo y vigila sus bienes e intereses patrimoniales.
Una alcaldía gobierna una demarcación territorial de la Ciudad de México; una Presidencia Municipal encabeza la administración de un municipio en los estados.