¿Se puede exigir explicaciones a un funcionario sin declararlo culpable? Sí. Explicamos la diferencia entre presunción de inocencia, investigación, responsabilidad política y responsabilidad penal.
Ante una crisis política suelen aparecer tres posibilidades: renunciar, pedir licencia o permanecer en el cargo. ¿Qué significa cada una? Explicamos sus diferencias y por qué ninguna permite concluir automáticamente culpabilidad o inocencia.
¿Qué debe hacer una autoridad cuando un interés personal puede interferir con una decisión pública? Identificar el conflicto, informarlo y aplicar los mecanismos institucionales son claves para proteger la imparcialidad y el interés público.
Los partidos necesitan organización, acuerdos y disciplina para impulsar un proyecto colectivo. Pero ¿hasta dónde debe llegar esa disciplina? Explicamos qué ocurre cuando una instrucción partidista entra en tensión con derechos, responsabilidades públicas o límites constitucionales.
En política se habla constantemente de lealtad. Pero ¿qué ocurre cuando la lealtad a una persona o partido entra en tensión con las obligaciones de un cargo público? Explicamos qué significa actuar con lealtad institucional.
¿Basta con que una decisión sea legal? La ética pública ayuda a entender cómo deben conducirse quienes ejercen poder o administran recursos públicos, bajo principios como integridad, imparcialidad, interés público y rendición de cuentas.
Cuando una autoridad enfrenta una controversia suele surgir la petición de que solicite licencia. Pero ¿hacerlo significa aceptar culpabilidad? Explicamos qué es una licencia, sus efectos políticos y por qué debe distinguirse de una responsabilidad jurídica.
Responsabilidad política y responsabilidad jurídica pueden surgir de unos mismos hechos, pero no significan lo mismo. Aprende a distinguir la evaluación del ejercicio del poder de los procedimientos que determinan responsabilidades legales.
Ejercer el poder también implica responder por las decisiones tomadas. Descubre qué es la responsabilidad política, cómo funciona en México y por qué un cuestionamiento político no significa automáticamente responsabilidad penal o culpabilidad jurídica.